Asesores, secretarias, aseadores, una dueña de casa y una condenada por la justicia aparecen en la nómina de 245 personas que recibieron honorarios del Ministerio de Obras Públicas (MOP) bajo el mando del socialista Ricardo Lagos Escobar, ex Presidente de la República y por entonces Ministro del sector, a través de cheques girados por la empresa GATE S.A.
No todos corresponden a sobresueldos o coimas, pero la nómina revela onerosos ingresos extras a personas que trabajan o lo hacían en esa cartera.
Ya como Presidente, Ricardo Lagos aludió indirectamente a los controvertidos contratos MOP-GATE, al inaugurar un bypass en Temuco. -Por ningún motivo quiero justificar irregularidades. Pero, creo que el país merece una explicación más inteligente del tremendo esfuerzo que ha hecho ese Ministerio, declaró, defendiendo de paso los honorarios irregulares en Obras Públicas-.
GATE – Gestión Ambiental Territorial S.A.- , creada por el ex seremi de Transportes Héctor Peña Véliz (socialista), fue contratada por el MOP para un outsourcing de personal por primera vez en 1998.
La empresa terminó adjudicándose 8 contratos por $1.725 millones, detectándose irregularidades en un sumario interno. Sus conclusiones fueron derivadas a la Contraloría de la República.
La conspiración corrupta del MOP-GATE se enlaza con otra denominada caso Coimas. En esta relación el juez Carlos Aránguiz, indagó los cheques pagados por GATE al ex subsecretario de Transportes, el radical y masón Patricio Tombolini y el ex asesor de Carlos Cruz, Alejandro Chaparro.
Según las denuncias de una ex secretaria y la Asociación de Ingenieros del MOP, los contratos no son más que una pantalla para desviar fondos fiscales a campañas políticas, en este caso la propia campaña de Ricardo Lagos. Hasta un dirigente gremial del MOP – José Gálvez- apareció en la prensa asegurando que para muchas de las tareas asignadas a GATE se podría haber utilizado a personal interno del Ministerio.
Al respecto, un documento interno de Concesiones señala que dicho organismo está compuesto por más de 300 funcionarios. De ellos, 106 profesionales y administrativos fueron contratados indirectamente mediante outsourcing de personal.
El ex ministro (s), el democristiano Juan Carlos Latorre puso las manos al fuego porque al menos 180 de los 245 que figuran en la nómina cumplieron funciones como asesores y recibieron los pagos de GATE como honorario único. Es decir, no fueron sobresueldos.
Pero que los hubo, los hubo. Tanto, que el jefe de la división de OOPP de la Contraloría, Patricio Pérez Fariña, señaló que no todas las personas que trabajaron a través de GATE tienen una situación objetable, lo cual alude a pagos ilegales por sobre las remuneraciones.
En la nómina, muchos de los mencionados son técnicos o profesionales medios, según los registros comerciales:
Fernando Cádiz Zamora, servicios técnicos no clasificados, $15.200.000.
Patricio Castillo, asesorías en contabilidad y finanzas, $13.105.556.
Paula Cruz García, técnico y ex secretaria, $8.100.000.
Lilia Silva, servicios de contabilidad y auditorías, $13.850.000.
Rolando Manríquez Navarrete, chofer, $6.157.000, y su hermano, Sergio Manríquez Navarrete, también chofer, $4.917.000.
Etelvina Rojas Nilo, secretaria, $16.660.000.
Margarita Riffos Gutiérrez, dueña de casa, $14.111.000.
Jessica Troncoso Álvarez, servicios de taquimecanografía, $10.300.000.
Alicia Osorio Matus, técnico, $16.300.000.
Pamela Reveco Flores, secretaria, $11.950.000.
Héctor General Carrasco, agente servicios de contabilidad, $12.855.556.
Ximena General Carrasco, servicios no clasificados, $5.400.000.
Andrea Bertossi Aravena, secretaria, $1.200.000, y su hermana Rosa Bertossi Aravena, también secretaria, $5.642.774.
Lorena Fernández Iriarte, servicios técnicos no clasificados, $12.800.000.
Historia de sobresueldos
Los sobresueldos en el MOP son de larga data.
En 1995, en plena movilización por demandas salariales, las asociaciones de funcionarios del Ministerio de Obras Públicas denunciaron que las autoridades argumentaban falta de recursos y, sin embargo, concedían sobresueldos ilegales, vía honorarios, a profesionales y asesores políticos de confianza, acusando que ello desmedraba a los miles de funcionarios de rango menor, que recibían sueldos inferiores.
El subsecretario de Obras Públicas de la época, Germán Quintana, admitió que algunos directores percibían sobresueldos por asesorías en materias específicas, pero advirtió que ello se hacía mediante contratos autorizados por la Contraloría.
En Noviembre de ese año, el diputado de derecha Víctor Pérez denunció que algunos altos funcionarios del MOP habían sido contratados a honorarios para prestar servicios en la misma repartición.
Y acusó por ello a esa Secretaría de Estados de estar burlando los controles en la contratación de asesorías profesionales.
El parlamentario señaló que un informe de la Contraloría, con fecha 11 de octubre de ese año, comprobó serias inconsistencias que afectaban el sistema de contratación de servicios remunerados con honorarios.
Pérez informó también que la Contraloría detectó algunos casos en que se cargaron contratos a honorarios a ítemes ajenos de inversiones o estudios, eludiendo los procedimientos legales.
Otros cheques
En la lista de GATE no aparecen ni el ex subsecretario de Transportes Patricio Tombolini, ni el ex asesor de Carlos Cruz, Alejandro Chaparro, ni el subsecretario de telecomunicaciones, Christian Nicolai.
Pero según documentos dados a conocer anteriormente en la prensa, GATE le pagó a Tombolini $450 mil; A Chaparro, $2,4 millones, y a Nicolai, $450 mil.
Fuentes bien informadas señalan que estos cheques fueron girados después que caducó el contrato MOP-GATE, en marzo de 2001.
El MOP habría solicitado a la contratista que continuara pagando honorarios, con el compromiso de que le prorrogaría el contrato, lo cual no ocurrió. Falta aclarar el origen de los fondos con que GATE hizo esos pagos sin contrato.
Sergio Cortés, en tanto, jefe de finanzas de Vialidad, fue investigado por Contraloría, que detectó gastos sin respaldo.
La defensa de los aludidos
Hasta ahora se desconoce cuántas de las personas que figuran en la lista recibieron honorarios que no significan sobresueldos, cuántas fueron favorecidas con una renta adicional y qué trabajos se realizaron efectivamente.
El arquitecto Miguel Di Lollo, ex jefe de la Unidad de Gestión Ambiental y Territorial dependiente del MOP, escribió que en su caso particular y en varios otros de los publicados, efectivamente presté asesoría como profesional ‘experto’ en materias de ‘gestión territorial’ a la unidad de Territorio de la Coordinación General de Concesiones, por lo cual recibí un honorario mensual de $950.000 brutos, cancelados por la firma GATE. Descarta así que los casi $16 millones se le pagaran como sobresueldo.
Lo mismo sostiene Paola Herrera, secretaria, que cuenta con un ingreso mensual a honorarios y a quien se le adjudican $1.080.000 en platas GATE.
Y la ex secretaria de Carlos Cruz, Ximena Tudela ($11.400.000) aseguró al diario La Segunda (http://www.lasegunda.com) que la suma corresponde a dos o tres años de trabajo, pero la cifra tampoco calza con la renta que dice haber tenido, $700.000, ya que en dos años habría acumulado casi $17 millones.
El ex fiscal Aliro Verdugo ($18.000.000), en tanto, desconoció la cifra, mientras que otras secretarias que figuran en la nómina – Emilia Galarce y Valeska Pizarro- dijeron que nunca recibieron más que sus sueldos, que no calzan con las cifras de la lista.
Terrorista y plagiadora
Una de las beneficiadas con cheques de la confabulación MOP-GATE fue María Emilia Marchi, terrorista del MIR (uno de los brazos armados del Partido Comunista de Chile), que participó en el secuestro de un empresario brasileño. La Contraloría ya objetó una cincuentena de cheques.
En el número 135 de la lista está María Emilia Marchi Badilla ($11.111.110), Ingeniera, mirista, condenada a 28 años de cárcel por el secuestro del empresario brasileño Abidilio Diniz en 1989.
El 24 de abril de 1999 pudo regresar a Chile por las presiones del gobierno izquierdista, junto a sus cuatro cómplices chilenos, con el beneficio de un tratado de transferencia de presos con Chile. Un año después se le concedió salida dominical y posteriormente, libertad condicional.
Marchi se desempeñaba hasta Diciembre de 2002 como fiscal de Concesiones en Viña del Mar, unidad que depende del MOP.
